“Victoriano Hernández ya no puede más. Lleva cuatro meses atado a la oficina municipal del Ayuntamiento de Teguise en La Graciosa, en protesta por la demora de la licencia que precisa para dividir la vivienda que compartía con su exmujer, y poder residir en ella.
Cobra una pensión de cerca de 600 euros y paga un alquiler de 500 euros, además de hacer frente a los impuestos de la vivienda en la que no puede residir hasta no contar con la licencia que le permita finalizar las obras.”
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